Podrán beneficiarse proyectos privados e iniciativas públicas relacionados con la transformación digital, la diversificación económica o la eficiencia energética, entre otras líneas de actuación

Las primeras actuaciones consisten en el lanzamiento inminente de cinco convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, cuatro para pymes y una para grandes empresas

La provincia de Teruel va a recibir más de 88 millones de euros para proyectos privados e iniciativas públicas que contribuyan a su reconversión económica y social, una cantidad procedente del nuevo Fondo de Transición Justa (FTJ) creado por la Unión Europea y en cuya gestión actúa como organismo intermedio el Instituto Aragonés de Fomento. El plazo de ejecución de estos proyectos comprende el periodo 2024-2029 y las prioridades temáticas inciden en la transformación digital, el desarrollo empresarial y la diversificación económica, la eficiencia energética y la implantación de sistemas de energía inteligente.

Las primeras actuaciones del FTJ consisten en el lanzamiento de cinco convocatorias de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva, cuatro para pymes y una exclusivamente para grandes empresas, que se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón la próxima semana. En total, el presupuesto del ejercicio 2024 asciende a 31 millones de euros. A partir de 2025 se lanzarán nuevas convocatorias que incluirán también iniciativas de entidades públicas, instituciones y asociaciones relacionadas también con formación y empleabilidad, patrimonio cultural y turismo sostenible, I+D+i en sectores estratégicos y digitalización en el ámbito sanitario.

Los proyectos podrán contar con una cofinanciación de hasta el 50%, siendo compatible con otras fuentes complementarias como el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). Además de encuadrarse en una de las acciones subvencionables, para ser elegidos es preciso que los proyectos solicitantes de las ayudas cumplan una serie de requisitos en cuanto a ubicación, grado de realización de la inversión, creación y mantenimiento del empleo, inversión mínima, financiación, plazo de ejecución y puntuación mínima. Todas estas condiciones, así como el cronograma para la ejecución de las ayudas, están detallados en la página web www.ftjteruel.es.

La implementación del FTJ en la provincia de Teruel permite desarrollar actuaciones alineadas y coherentes con la visión global de un Aragón sostenible, competitivo, saludable y conectado que busca “la especialización inteligente de sus fortalezas y lograr una sociedad aragonesa cohesionada y equitativa”.

Mitigar el impacto de la descarbonización

El FTJ es un instrumento financiero, enmarcado en la Política de Cohesión de la Unión Europea e incluido en la Estrategia de Transición Justa, uno de los tres pilares del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es lograr una Unión Europea climáticamente neutra de aquí a 2050. Su finalidad es prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición de una economía basada en el carbón hacia una más diversificada y verde, centrada en la generación de empleo de sectores en declive en determinadas zonas afectadas de España. Entre ellas se encuentra la provincia de Teruel, donde el carbón ha sido tradicionalmente una fuente de actividad fundamental y, por consiguiente, ha tenido un impacto socioeconómico muy significativo sobre el territorio.

Desde el año 2000, la provincia de Teruel ha sufrido el cierre consecutivo de varias minas de carbón y de las centrales térmicas de Escatrón, Escucha y Andorra, lo que ha supuesto la pérdida de unos 4.000 empleos directos, indirectos e inducidos por estas actividades. Como consecuencia, la dinámica demográfica de la zona es gradualmente regresiva, con una clara tendencia a la despoblación, el envejecimiento de sus habitantes y los saldos migratorios negativos. De hecho, las dos comarcas principales comprometidas por estos cierres han sufrido pérdidas de población de entre el 13% y el 15% en la década 2011-2021.

Otros elementos comunes en estos territorios son el elevado nivel de desempleo y la necesidad de formación y recualificación para la inserción laboral del personal afectado por los cierres. Además, en este contexto hay 10.800 personas que trabajan en la industria, 4.400 de ellas en sectores intensivos en emisiones de efecto invernadero.